*Un blog del Departamento de Estudios Económicos
Originalmente publicado en El Economista, edición noviembre-diciembre 2020.
En El Salvador el gasto público ha crecido de 26% del PIB en 2009, a 35% en 2020, y se quedará arriba del 30% con el presupuesto propuesto para 2021. El gasto en remuneración pasó de $1,709 millones en 2009, o 9.7%, a US$3,157 millones en 2020, o 12.7% del PIB, y con el Proyecto de Presupuesto 2021 se propone llegar a US$3,450 millones, o 13.6%. Sin duda, la burocracia estatal ha ido en aumento. ¿Ha valido la pena?
El estudio de 2019 del Banco Interamericano de Desarrollo, “Mejor gasto para mejores vidas”, señala a El Salvador como uno de los países más ineficientes en remuneraciones en América Latina, representando un 40% del gasto público, comparado con el promedio regional de 29%; y como porcentaje del PIB, para aquella fecha, el gasto en remuneraciones de El Salvador era de 10%, y el promedio regional era de 8.4%. En otro estudio, de febrero de 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que la prima salarial de los salarios públicos de El Salvador es 70% más alta que los salarios equivalentes en el sector privado; también menciona que este gasto introduce rigidez al gasto público, limitando el papel estabilizador de la política fiscal.
El Estado ha crecido en tamaño, no solo con ingresos por impuestos, sino también con deuda, haciendo creer que la población no tiene que pagar por los servicios públicos. La deuda pública pasó de 60.2% en 2009, a más del 90% del PIB con lo que se espera cerrar este año. Y de aprobarse el PP2021 tal como se ha presentado, la deuda subiría a más de 100%. Esto tiene tres consecuencias graves para toda la población: i) el gasto público se desvía para pagar intereses en lugar de servicios públicos, lo intereses han pasado de US$530.9 millones en 2009 (3% del PIB), a US$1,154 millones en 2020 (4.6%), y se requerirán US$1,384 millones en 2021 (5.4% del PIB). ii) Para pagar tales intereses y la deuda pública, tarde o temprano el gobierno tendrá que elevar impuestos, con lo cual los ciudadanos se darán cuenta que no hay almuerzo gratis. iii) El exceso de deuda está llevando al país a una crisis fiscal, que se puede traducir en más pobreza y desempleo.
Los recursos estatales no se han gastado adecuadamente. Ejemplos emblemáticos de malas decisiones en la inversión pública son el Puerto de La Unión, SITRAMSS, presa hidroeléctrica El Chaparral, entre otros. Esto representa cientos de millones de dólares que los salvadoreños tiene que incluir en las pérdidas, que además se han hecho con deuda pública, y se tendrán que pagar con impuestos. También, se pierden millones de dólares en corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019 El Salvador ocupa la posición 113 de 180 países, y reprueba con una nota de 34/100. Un estudio recién publicado por las universidades Francisco Gavidia y la Dr. José Matías Delgado estima que el costo de prácticas cotidianas de corrupción para servicios públicos en salud, seguridad, justicia, educación y municipalidades oscila entre US$783 - $886 millones de dólares al año, equivalente al 3.57% del PIB.
En el caso ideal que el gasto público se tradujera en un beneficio mayor a la sociedad que el costo de los impuestos, valdría la pena subir el gasto. Pero, el caso salvadoreño es un ejemplo contrario a este ideal. El gran reto que tiene el Estado salvadoreño es demostrar a su soberano, es decir a los ciudadanos, que hace un buen uso de los impuestos que pagan.