El 20 de febrero de 2020, el Departamento de Estudios Legales de Fusades presentó el Informe de Coyuntura Legal e Institucional correspondiente al 2° semestre de 2019.

1. En el Eje de Estado de Derecho:

En octubre de 2019, se publicó el informe “Pulso de la Democracia”, por Barómetro de las Américas 2018/19 (LAPOP), cuyos datos habían sido recogidos entre noviembre y diciembre de 2018. Para ese momento, el nivel de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en El Salvador había llegado al punto más bajo desde 2004 y era de apenas 36.6 %.

Uno de los elementos que sin duda afecta la democracia es la corrupción, y una de las medidas del nuevo Presidente para combatirla ha sido la implementación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Se trata de una entidad internacional actuando dentro de la institucionalidad nacional, sin que su acuerdo de creación haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa, que es como la Constitución ordena que se otorguen competencias institucionales. La CICIES, además de las facultades jurídicas que tenga, también puede convertirse en un actor político y, por ello, es indispensable que actúe con imparcialidad.

En este contexto, y tras el cambio de Gobierno, durante el segundo semestre de 2019, se hicieron palpables diferencias y tensiones entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, lo cual se refleja en el elevado número de vetos y observaciones emitidas por el Presidente de la República. Si bien las diferencias políticas son naturales, es necesario que estas se resuelvan siempre por los medios institucionales establecidos.  Uno de esos medios son los procesos constitucionales, como las controversias y las inconstitucionalidades.

Los magistrados que iniciaron funciones a finales de 2018, tienen ya más de un año en el cargo. El estilo que le han impregnado a la Sala de lo Constitucional es de un control menos intenso que el de la Sala 2009-2018, dejando un mayor margen para algunas decisiones políticas, como se observa en su criterio de no exigir que los préstamos del Estado señalen claramente las partidas de gasto a las que se destinarán. A pesar de ello, ha dado resoluciones valiosas en aras de controlar los abusos de poder, como es el caso de la interpretación del art. 235 Cn., en el sentido que un funcionario no puede invocarlo para negarse automáticamente a cumplir un acto de una autoridad.

Otro tema relacionado con la democracia y los derechos fundamentales es el uso de la Fuerza Armada. En noviembre de 2019, el Presidente de la República emitió un nuevo decreto autorizando el uso de esta institución en tareas de seguridad ciudadana hasta el 31 de diciembre de 2020. Aunque la Sala de lo Constitucional, en 2014, consideró constitucionalmente justificado que se destinaran los militares a este propósito, también estableció una serie de requisitos, entre ellos, que se creara un plan de fortalecimiento de la PNC para que llegara eventualmente a hacerse cargo de la totalidad de la seguridad ciudadana. Además, la misma Constitución exige que, dentro de los quince días siguientes a la terminación de las tareas en seguridad, el Presidente de la República presente a la Asamblea Legislativa un informe circunstanciado sobre la actuación de la Fuerza Armada.

El presente Informe se refiere, también, a otros grandes temas relativos al Estado de derecho, como el cumplimiento de las sentencias sobre la Ley de Amnistía y el desplazamiento forzado; el desempeño de las Salas de la Corte Suprema de Justicia; la situación del derecho electoral en vistas a las elecciones de 2021; y otras normas nuevas, como el delito de desaparición forzada de personas, recientemente aprobado.

2. En el Eje de Transparencia:

El Eje de Transparencia se caracterizó por avances y retrocesos. En relación con el acceso a la información, es positivo que el IAIP esté demostrando respaldo a las personas que acuden al Instituto porque alguna entidad les denegó información pública y muestre firmeza ante los abusos de reserva de información. Sin embargo, la filtración de datos personales desde el IAIP hacia Casa Presidencial puso en riesgo la credibilidad del Instituto y el retraso en la elección de comisionados del sector de periodistas no permite que el IAIP esté plenamente conformado.

Por su parte, la CCR practicó auditoría de los gastos reservados de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, para el periodo de 2014, y señaló que procederá a la etapa del juicio de cuentas. Además, dio a conocer que la primera auditoría que se realizó a los partidos políticos por el uso de fondos públicos recibidos en 2014 no arrojó ningún hallazgo. Un hecho que genera preocupación es la falta de seguimiento de parte de la Asamblea Legislativa a las auditorías a la CCR, así como el atraso en llevarlas a cabo, ya que desde hace tres años no se fiscaliza a dicho órgano contralor del Estado.

Durante el semestre, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia informó que tiene 396 auditorías pendientes de realizar, pero con la capacidad material para enfocarse únicamente en 53.  La falta de recursos materiales junto con la falta de voluntad de la Corte en Pleno por avanzar más con los casos que están pendientes, ha llevado a la prescripción de 76 casos en el semestre, de los cuales solo 1 fue enviado a la Fiscalía General de la República para su investigación. No obstante, es de hacer notar que se ordenó que se iniciara un juicio civil en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, el funcionario de más alto nivel en contra de quien se inicia un juicio de este tipo en mucho tiempo. En 2019, la Corte en Pleno ordenó un total de 8 juicios civiles por enriquecimiento ilícito, lo cual, junto con 2016, constituyen los 2 años en los que se han ordenado más juicios.

Por otra parte, un área en la que están sonando muchas alertas en indicadores nacionales e internacionales desde el semestre pasado, es en el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en el país.  Este semestre se incluyó el Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (RELE) y el de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Todos coinciden en que existe deterioro de la libertad de expresión y especialmente de la de prensa, debido, en gran medida, a la estigmatización negativa que hace el Ejecutivo en contra de la prensa crítica.  Tanto la SIP como la RELE denunciaron que el uso de la pauta publicitaria oficial como castigo a los medios de comunicación es contrario a los estándares internacionales y que se trata de una práctica que debe eliminarse.  Finalmente, en general, se hace un llamado a ser más respetuosos del ejercicio del periodismo en el país, en el cual, debido a las condiciones de alta criminalidad, ya es bastante peligroso llevar a cabo esta labor.

3. En el Eje de Clima de Negocios:

En el eje de Clima de Negocios y Seguridad Ciudadana, se destaca la mejora en la percepción ciudadana del clima de inversión, tal como lo advierte la Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES del cuarto trimestre de 2019. Esto presenta nuevos retos, para que el GOES transforme esta percepción en inversión, crecimiento y empleo, y, al mismo tiempo, que esto continúe y sea sostenible en el tiempo, manteniendo la seguridad jurídica y política, generando espacios de diálogo y fortaleciendo la confianza para hacer negocios.

Sin embargo, persisten problemas que limitan la actividad económica, tales como la excesiva burocracia y la falta de implementación de leyes importantes como la Ley de Firma Electrónica. Asimismo, continúa pendiente llevar a cabo una reforma integral a la función pública, siendo urgente que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Servicio Público para que el país finalmente cuente con una norma marco que privilegie el mérito, ponga fin a actos de nepotismo y clientelismo, cree una autoridad rectora que vele por el cumplimiento de la ley, dignifique la función pública y promueva el desarrollo de la carrera administrativa.

En temas de digitalización, el nuevo GOES presentó la Agenda Digital El Salvador 2020-2030, la cual busca modernizar, eficientizar al Estado y mejorar su relación con los ciudadanos y los servicios que les presta. Esto representa un avance para encaminar, en un mismo objetivo, a todos los esfuerzos que han ocurrido de forma dispersa y los que han de venir. Queda aún pendiente definir prioridades y aprobar fondos que vayan orientados a la implementación de la Agenda. Asimismo, es necesario aprobar leyes medulares, como la Ley de Protección de Datos Personales, para dotar de seguridad jurídica todo avance que se haga en la transformación digital del país.

En temas de seguridad ciudadana, durante el semestre se reporta una reducción en los homicidios. El nuevo Gobierno está llamado a darle sostenibilidad a esta situación y adoptar medidas eficaces para reducir otros delitos como las extorsiones. Además, las cifras de las personas desaparecidas continúan siendo cercanas al total de víctimas de homicidio durante el semestre que se reporta, reflejando la necesidad de enfrentar adecuadamente esta situación. La creación de información estadística confiable será fundamental para que las autoridades tomen las medidas adecuadas en torno a esta situación que está afectando la calidad de vida de los salvadoreños y el clima de inversión.