*Un blog del Departamento de Estudios Económicos

Originalmente publicado en El Economista 

La situación fiscal de El Salvador está muy delicada; si no se hace algo consistente en corto tiempo, tal vez en un año, se podría llegar a un impago, hundiendo al país en otra crisis económica. Le corresponde al Gobierno convencer a los acreedores de la deuda pública, que el país es capaz de honrar su deuda, y para ello deberá presentar un plan de mediano plazo creíble.

La ruta de las finanzas públicas ha sido peligrosa; en 2020 la deuda pública como porcentaje del PIB llegó a 88.9%, lo cual coloca a El Salvador en una posición de vulnerabilidad por impago de deuda. Como ilustración, por la crisis de la pandemia, los seis países que cayeron en impago de deuda el año pasado (Líbano, Surinam, Zambia, Belice, Argentina y Ecuador), tenían una ratio de deuda pública sobre PIB entre 68.9% y 171.7%; solo uno, Ecuador, presentó una ratio más baja que la de El Salvador.

El servicio de la deuda pública retira recursos indispensables para atender necesidades esenciales para el desarrollo humano, como educación, salud y seguridad. En 2020, casi un quinto de los ingresos corrientes del Estado se destinó para pagar intereses de la deuda, y en 2021 será aún mayor.

En las economías avanzadas, la política fiscal se ha convertido en la herramienta preferida para la reactivación, porque la tasa de interés internacional es más baja que la de crecimiento de sus economías. Pero ese no es el caso de El Salvador, la tasa de interés que pagamos por la deuda es muy alta, por la percepción de riesgo que tienen los mercados, y la tasa de crecimiento de largo plazo es muy baja, cerca de 2%, limitando así la capacidad de endeudamiento del país.

Un sencillo cálculo, teniendo en cuenta la ratio de deuda sobre el PIB, una tasa de crecimiento nominal de 2.2% y una tasa de interés promedio de 6.25% a la que se ha llegado este año, muestra que para evitar que la deuda siga subiendo en 2021, se debería tener un ajuste fiscal de entre 9% y 10% del PIB; es decir, de más de US$2,500 millones, tomando en cuenta todas las deficiencias que tiene el presupuesto 2021, de sobrestimación de ingresos y subestimación de gastos.

Se sabe que esto no ocurrirá durante este año, ya que es políticamente inviable y no conviene en medio de la pandemia; lo que se requiere es un plan de mediano y largo plazo, que mejore la tasa de crecimiento económico de largo plazo, que haga más eficiente el gasto público e incremente la recaudación tributaria, demostrando que la trayectoria de la deuda pública es sostenible. Esto permitiría financiar los planes del Gobierno y conseguir una tasa de interés más favorable para el país.

En esto consiste un acuerdo entre el Gobierno y el FMI, para devolverle la credibilidad a la política fiscal. Seguramente se llegará a este acuerdo, la clave estará en los detalles de este y que se haga sobre la base de la capacidad real de la economía salvadoreña.