La Plataforma Ciudadana Electoral hace un enérgico llamado a los tres Órganos del Estado para que cumplan con sus obligaciones constitucionales y procuren la celebración de unos comicios libres, transparentes, justos y equitativos.

Ante los desacuerdos, omisiones y retrasos por parte de los tres Órganos del Estado, con relación a diferentes aspectos de organización y regulatorios de las elecciones legislativas, municipales y del PARLACEN del próximo 29 de febrero de 2021, la PCE hace las siguientes consideraciones:

 I.  Es lamentable que, a menos de un mes para que finalice el plazo establecido en la ley para avalar cambios en la legislación electoral, los distintos grupos parlamentarios no hayan logrado un consenso sobre importantes reformas electorales, considerando que en abril de 2019 la Asamblea Legislativa presentó una agenda de diez puntos de reformas. Una actitud más responsable de los partidos representados en la Asamblea Legislativa contribuiría a una mejor organización de las elecciones, a fiscalizar la legalidad del financiamiento que reciben tanto los institutos políticos como los candidatos, y a promover la equidad de la contienda sancionando más severamente a los que incumplan los plazos de las campañas electorales.

 II. El retraso en la aprobación del presupuesto extraordinario de elecciones evidencia una clara manipulación de los recursos con los que debería contar el Tribunal Supremo Electoral, situación que se repite en cada elección. Esta conducta del Ejecutivo y del Legislativo provoca una ineficiente labor del organismo electoral, debido al tiempo limitado que tendrá este último para ejecutar el Plan General de Elecciones. Es responsabilidad del TSE justificar de manera detallada cada una de las asignaciones presupuestarias para facilitar el proceso de aprobación del mismo. Al no contar con los recursos necesarios y en forma oportuna, la autoridad electoral no puede desplegar adecuadas campañas de divulgación, se postergan los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios, y se mantiene la indecisión acerca de los mecanismos que se utilizarán para implementar cambios como el voto desde el exterior.

 III.  La incertidumbre en la que se encuentra el TSE respecto a la falta de regulación en la definición del tipo de tecnología que se utilizará para el conteo de los votos, integración de JRV, voto desde el exterior y observación electoral; así como la falta de financiamiento impacta negativamente en el desarrollo de campañas de información y educación cívica, contratación de servicios tecnológicos adecuados, entre otros.

 IV.  El derecho al sufragio de los salvadoreños residentes en el exterior continúa en vilo. El veto presidencial obliga a la Asamblea Legislativa a discutir otro proyecto de ley en el que se cumpla a cabalidad la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ésta última instancia debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la Sentencia 156-2012. Para que el Tribunal Supremo Electoral inicie su trabajo en este ámbito, es necesaria la aprobación de la legislación correspondiente, el otorgamiento del presupuesto respectivo y la definición del mecanismo que se utilizará para el ejercicio del sufragio. Por lo que, la PCE respalda la creación de una comisión Ad hoc que defina en corto plazo la regulación correspondiente.

 V.  La Sala de lo Constitucional debe pronunciarse, en el corto plazo, sobre la constitucionalidad de la elección de los actuales magistrados del TSE. Una decisión a pocos meses del evento electoral complicaría la organización de los comicios debido al tiempo que tomaría el proceso de designación de los nuevos magistrados. De igual manera, se solicita a la Sala de lo Constitucional que en cumplimiento de la Sentencia 59-2014 se pronuncie a efecto de dar certeza jurídica al procedimiento de conteo de votos para candidatos no partidarios.

 La PCE hace un enérgico llamado a los tres Órganos del Estado para que cumplan con sus obligaciones constitucionales y procuren la celebración de unos comicios libres, transparentes, justos y equitativos. La carencia de reglas, presupuesto y certidumbre sobre la constitucionalidad de determinadas decisiones, además de comprometer la ejecución del proceso electoral, abre la posibilidad según el Art. 321 del Código Penal a demandar a las autoridades por el incumplimiento de deberes.