El 30 de septiembre se presentó el proyecto de presupuesto 2022 (PP2022), por US$7,967.7 millones, 7.3% mayor que el de 2021. Este proyecto muestra anomalías que debilitan su función como instrumento que refleje prioridades y sirva de control del gasto. Además, se incumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional (2017), que dicta que no debe sustentarse en equilibrios artificiales y que se racionalicen varios gastos.
Estas fallas representan US$1,355.3 millones (4.7% del PIB): 1) sobrestimación ingresos (US$299.8 millones); 2) subestimación subsidios (US$38 millones); 3) subestimación devoluciones de impuestos (US$62.3 millones); 4) menor asignación al Órgano Judicial (US$26.9 millones); 5) subestimación intereses de deuda de corto plazo (US$57.3 millones); 6) omisión pago CETES (US$1,001 millones según la información bursátil); y 7) omisión pago intereses de la deuda municipal (US$50 millones).
Esto indica que el financiamiento solicitado está subestimado y se requerirá más deuda. Además, si existen otras fallas no identificadas, se crean nuevos gastos, o no se logra la meta de recortar bienes y servicios por US$353 millones que contempla el PP2022, la necesidad será mayor.
El financiamiento del PP2022 asciende a US$1,209.1 millones; de ese monto US$710.7 millones son préstamos externos, y US$498.4 millones son títulos valores, que es la deuda más cara. Pero, además, en enero de 2023 vencen eurobonos por US$800 millones, por lo que se necesitará una emisión de alrededor de US$1,298.4 millones en 2022.
El déficit fiscal del sector público no financiero calculado a partir del PP2022 es igual a US$1,196.5 millones (4.2% del PIB); pero cuando se corrige por las fallas del presupuesto, sube a US$1,730.8 millones (6.0% del PIB), que es demasiado alto.
Todo apunta a que se seguirá recurriendo a la deuda de corto plazo de uso discrecional, y se está solicitando un monto alto de emisión de títulos, en un contexto que es ahora mucho más adverso que antes. El Salvador tuvo un incremento nunca experimentado de endeudamiento en 2020 -el tercer país más endeudado de América Latina-; no se ha reactivado la Ley de Responsabilidad Fiscal y se desconoce si existe un programa de ajuste fiscal; mientras se crean improvisadamente nuevos gastos. Los problemas de liquidez han llevado a demorar los pagos a proveedores y las transferencias a las municipalidades.
Los mercados internacionales han reaccionado a la incertidumbre fiscal y política del país. Aumentó el riesgo país -el tercero de América Latina-; en julio de 2021 Moody´s bajó la calificación crediticia de B3 a Caa1; y en octubre, Standard & Poor´s cambió la perspectiva de la calificación de estable a negativa. El precio de los bonos de salvadoreños ha tenido una caída significativa, encareciendo la deuda y limitando el financiamiento.
Estas son algunas de las múltiples aristas que permiten entender lo urgente que es lograr un acuerdo de sostenibilidad con el FMI, y obtener financiamiento más barato, pero, al mismo tiempo, comprometerse seriamente en ordenar las cuentas fiscales, para evitar llegar a una crisis fiscal. ¿A dónde se quiere llevar el país con tal desorden fiscal?