El proyecto de presupuesto actual parte de información falsa, no cumple con la ley de responsabilidad fiscal y se presta a ser un instrumento político para cumplir fines electorales. En conclusión, no debería aprobarse sino negociar uno que beneficie al país.

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El 30 de septiembre del corriente año, el Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021, para ser discutido y sometido a votación. Para contribuir a la discusión pública de dicho documento, FUSADES presenta una edición especial de Serie de Investigación “Presupuesto de Nación 2021: Una fórmula para la pobreza y el desempleo”, elaborado a partir de un análisis integral desde los ámbitos sociales, jurídicos, políticos y económicos. A continuación, las principales conclusiones.

El 2020 es un año de crisis mundial por la pandemia del COVID-19, y El Salvador no es la excepción, con el consecuente incremento de la pobreza, el hambre, deserción escolar, aumento de la desigualdad, generando una crisis social sin precedentes desde la época del conflicto armado. En el ámbito económico se vive una recesión, con incremento en el desempleo, un fuerte endeudamiento público y riesgos de liquidez a corto plazo.

Ante esta situación existen ocho contrastes entre el Presupuesto General de la Nación que el país necesita y el Proyecto de presupuesto 2021 que se ha presentado:

  1. Un presupuesto viable debe presentar asignaciones presupuestarias realistas, acompañadas de planes de desarrollo conocidos por la población; en contraste, el proyecto presenta incrementos de gastos sin planes, metas y objetivos claros, y en algunos casos los planes que sí existen se han declarado información reservada.
  2. Mientras que el presupuesto debe basarse en evidencia e información veraz, el proyecto de presupuesto parte de información falsa o carece de la debida sustentación técnica, por lo cual ofrece promesas que no se podrán cumplir. 
  3. El Presupuesto General de la Nación debe cumplir con la Constitución; sin embargo, el Proyecto de Presupuesto 2021 es contrario a la misma, porque no respeta los principios de unidad, equilibrio presupuestario y universalidad establecidos en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional, por lo que si llegase a aprobarse con tales deficiencias podría ser sujeto a control constitucional.
  4. El Ministerio de Hacienda está obligado a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente y debe presentar el “Plan de Regularización” de la ley, y la “Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento” respecto a la veracidad del contenido del Proyecto de Presupuesto; a la fecha no lo ha hecho, ya que ninguno de estos documentos ha sido entregado a la Asamblea Legislativa.
  5. El proceso presupuestario es el instrumento natural para impulsar los objetivos de desarrollo del país y para salir de esta crisis; pero en su lugar el proyecto de presupuesto que se ha presentado es un instrumento político para lograr objetivos electorales.
  6. El presupuesto debe fortalecer la institucionalidad democrática y las instituciones de control; en su lugar el proyecto de presupuesto reduce las partidas presupuestarias a la mayor parte de las instituciones de control y refuerza partidas que apuntalan las tendencias autoritarias.
  7. Las proyecciones de ingresos en el presupuesto deben ser realistas y estar justificadas de acuerdo con la ley vigente; no obstante, el Proyecto de Presupuesto 2021 plantea un incremento de US$630 millones en la recaudación del impuesto sobre el valor agregado (IVA), que únicamente podría alcanzar si la tasa de este impuesto sube a 16.5%, pero el Gobierno no ha explicado si hará tal incremento o cómo alcanzaría tal meta. Similar situación ocurre con el impuesto sobre la renta (ISR).
  8. El presupuesto debe buscar un equilibrio fino entre preservar la estabilidad macroeconómica y cubrir las necesidades de la población; pero el proyecto de presupuesto eleva la deuda pública al grado de exponer al país a una gran recesión que conlleva a más pobreza y desempleo. Corregir este rumbo requeriría de un ajuste de más de 6% del producto interno bruto (PIB).

Por estas razones, el Proyecto de Presupuesto 2021 no debe aprobarse; en su lugar, debe negociarse uno que permita una salida a la crisis social y económica que está viviendo la población, buscando el apoyo técnico de organismo internacionales que posibilite, a su vez, su financiamiento en condiciones favorables para el país.