*Un blog del Departamento de Estudios Económicos
Originalmente publicado en El Economista, edición julio-agosto 2021.
La Presidencia de la República anunció que el 1 de julio de 2021 antes de las 7:00 a. m., envió una propuesta de aumento del 20% al salario mínimo, explicando que la medida se debía a la alta inflación global provocada por la política monetaria expansiva en países desarrollados, lo cual se ha trasladado a la economía local. Algunas horas más tarde de ese mismo día, el Departamento de Estado de Estados Unidos, publicó la Lista Engel, en la cual se divulgan a las personas señaladas por corrupción y que deterioran la democracia en los países del Triángulo Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala–; en dicha lista aparecieron señalados varios funcionarios de la actual administración.
El Código de Trabajo establece que el Consejo Nacional de Salario Mínimo debe revisar los salarios, por lo menos, cada tres años. La revisión más reciente se efectuó en diciembre de 2016, ajustando las remuneraciones del sector agropecuario en 69.3%, comercio 19.2%, industria 21.7% y maquila 40%. El siguiente acuerdo debió realizarse en diciembre de 2019; pero debido a la pandemia se retrasó y el Consejo no se reunió sino hasta el 2 de julio de 2021 para aprobar la propuesta enviada por la Presidencia, la cual contaba con los votos del Gobierno y los representantes de los trabajadores; el sector productivo solicitó más tiempo para evaluar y estudiar la mejor propuesta.
El grave problema de la insuficiente creación de empleos formales, respecto al aumento de la fuerza laboral. Desde el incremento del salario mínimo en 2017 y hasta abril de 2021, se estimó que la fuerza laboral se expandió en 242,414 personas, pero el empleo formal reportado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) fue de apenas de 25,162 cotizantes, cubriendo un 10.4%; y si se considera solamente el sector productivo, el aumento fue de 8,611 plazas, con una limitada cobertura de 3.6%. En general, se puede afirmar que el 90% de la fuerza laboral se clasificó como informal desde 2017, a la cual no le aplica el salario mínimo.
La baja productividad. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la productividad laboral de El Salvador aumentó 4.3%, acumulado de 2017 a 2019, siendo muy baja por año (1.4%); un reto de políticas públicas es incrementarla. Por su parte, la inflación acumulada fue de 4.8% desde el incremento más reciente al salario mínimo, en mayo de 2021. Sumando ambos indicadores, el aumento sería de 9.1%, incluso si se agregara la productividad de 2020 (1.4%), esta podría llegar a 10.5%.
El reto del bienestar y del desarrollo será que la fuerza laboral sea formal y que sus ingresos cubran los costos de vida. Un problema estructural es la falta de una agenda de políticas públicas que aumenten la productividad laboral y que mejoren el clima de negocios para atraer inversiones con oportunidades laborales que paguen salarios más altos. El aumento del salario mínimo es importante cumplirlo y sustentarlo con estudios técnicos; pero la otra gran tarea que falta es el plan para crear más y mejores oportunidades, que reduzcan la elevada informalidad del 90% en los últimos años.