*Un blog del Departamento de Estudios Económicos
Originalmente publicado en El Economista
La situación financiera del sector público antes de la pandemia ya era difícil; ahora, después del cuantioso financiamiento solicitado, el estado fiscal pos-COVID-19 es más grave y complicado. Previo a la pandemia, la deuda pública había alcanzado un saldo que representaba el 71.4% del producto interno bruto (PIB) superando el umbral histórico de 57.8% que se obtuvo al final de la guerra civil. Con la pandemia, el financiamiento aprobado y el golpe económico debido al confinamiento, el déficit planeado sufre un agudo incremento, llegando al -14.4% del PIB, con lo cual, la razón de endeudamiento percibe un peligroso aumento, pasando a 92.6% del PIB.
Para salvaguardar el bienestar de los salvadoreños, es necesario corregir el desbalance financiero del Estado y rescatar la sostenibilidad. Esto solo será posible con varios años de disciplina fiscal, buen manejo de los recursos económicos y reactivación del crecimiento. Si no se rescata la estabilidad, se condena al país a un retroceso más severo, y su población sufrirá una crisis más grave y profunda, lo cual sería inaudito, sobre todo después de la sustancial afectación causada por los efectos de la pandemia.
La meta de 60% en 2030, establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2016, únicamente podría ser alcanzable conjugando un crecimiento económico alto y sostenido, con un ajuste elevado. El escenario de la situación indica que, para que el endeudamiento se reduzca en esa magnitud, se requieren condiciones extremas inéditas; primero, un crecimiento real “fuerte y sostenido” de 5% durante cada año entre 2022 y 2030, y un ajuste al balance primario que gradualmente llegue a 6.8% del PIB hasta 2029. Estos parámetros superan los esfuerzos macroeconómicos que el país ha alcanzado durante los últimos años; estructuralmente, la economía ha crecido 2.5%; y entre 2010 a 2018, o durante los ocho años previos, el balance primario mejoró en 3.1% del PIB.
Restablecer la confianza en el manejo fiscal, va más allá de un deseo, firmar un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que acompañe el proceso, podría ayudar en ese sentido. El acompañamiento del organismo internacional especializado en temas fiscales es idóneo para que el resto de agentes sociales, de manera coordinada, encaren el nuevo proceso de consolidación fiscal. Asimismo, un programa con el FMI ayudaría a recuperar la confianza en la deuda soberana de El Salvador, con lo cual se favorecería al país con menores tasas de interés en futuras necesidades de financiamiento.
En este sentido, es impostergable plantear un nuevo marco macroeconómico fiscal de mediano plazo que trace un sendero de consolidación fiscal; metas hacia el futuro contenidas en la ruta, deben sustituir a las anteriores, para dar cumplimiento a la LRF; además, el Presupuesto General de la Nación para 2021 debería ser coherente con el nuevo planteamiento de consolidación fiscal. Asimismo, en lo posible, el ascenso abrupto en el endeudamiento público debe atenuarse utilizando hasta en 2021, una parte de los créditos con agencias multilaterales que se han gestionado durante 2020.