*Un blog de Luis Mario Rodríguez
Director Departamento de Estudios Políticos
Originalmente publicado en El Diario de Hoy
En las elecciones legislativas, principalmente cuando se celebran a medio período y el oficialismo no tiene una fuerza política que lo apuntale, los partidos aspiran a conseguir la representación parlamentaria más nutrida. Al Ejecutivo le interesa alcanzar las mayorías establecidas en la Constitución, solo o en coalición con otras fuerzas políticas, para aprobar la legislación que requiere su plan de gobierno.
En el caso salvadoreño es necesaria la mayoría simple (43 de 84 diputados) para la aprobación de leyes; y la calificada (56 de 84 diputados) para la ratificación de empréstitos internacionales. Esta última también se exige para la elección de segundo grado de funcionarios: magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Fiscal General, Magistrados del TSE de las ternas propuestas por la CSJ, entre otros.
Que el partido en el gobierno cuente con un grupo parlamentario amplio y que tenga la habilidad de construir coaliciones con otros partidos –incluso de oposición- si los diputados propios no son suficientes para alcanzar el número de votos que requiere la aprobación de sus iniciativas, es parte del funcionamiento normal del juego democrático. Ese dominio debe utilizarse con apego absoluto a la Constitución y a las leyes secundarias.
El riesgo se presenta cuando no se respeta el Estado de derecho y se aprueban leyes que riñen con la Constitución. Entonces deben activarse los controles interórganos, en este caso, el asignado a la Sala de lo Constitucional, para que vigile la legalidad del ordenamiento jurídico aprobado. Si los magistrados que conforman a aquella instancia y, en general, a cualquiera de las instituciones de control, son electos por una mayoría oficialista en la Asamblea, a la que no le importa la separación de poderes, podría anularse la independencia y autonomía que deben caracterizar a estas entidades.
Por eso es relevante que en los Congresos también exista una sólida oposición política. La Asamblea Legislativa tiene asignada una serie de controles políticos que equilibran el poder. Las interpelaciones, los antejuicios, las comisiones especiales o ad hoc, el permiso para que los presidentes salgan del país, la aprobación de las memorias de labores del Ejecutivo, el aval del presupuesto y el seguimiento de su ejecución, el nombramiento de funcionarios independientes y capaces para las instituciones como la CSJ o la FGR, son algunos de los controles que requieren de mayorías legislativas y que, si la Asamblea está dominada por fuerzas políticas a las que les incomodan los límites a la autoridad, no es posible activarlos.
La conducta autoritaria mostrada por el Ejecutivo durante lo que va de su mandato, cuya expresión más preocupante se presentó el 9 de febrero, cuando militarizó la Asamblea Legislativa, y durante la pandemia, al incumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional y al interpretar abusivamente la legislación secundaria, hace prever un uso arbitrario del poder legislativo, aprobando normas que podrían limitar derechos fundamentales o, incluso, cambiar la Constitución para buscar la reelección. En situaciones como la descrita, las instituciones de control garantizan la estabilidad del sistema político. Si están cooptadas, se pierde el equilibrio de poderes y el sistema democrático puede fracturarse rápidamente.
En otros períodos se consolidaron mayorías en el Legislativo; en varias ocasiones, cuando se transgredió la Constitución, intervino la Sala. Anular la independencia de esta última aceleraría el tránsito del sistema político a uno claramente autoritario. La negativa de los ministros a comparecer a las Comisiones legislativas, el rechazo del director de la PNC a las peticiones de auxilio que hicieron la FGR y la Asamblea, la resistencia a cumplir sentencias de la Sala, la persecución a los medios que le son incómodos al gobierno, son solo algunos de los aspectos que nos permiten afirmar que es muy probable que una mayoría de diputados afines al oficialismo sería empleada para ejercer actos y decisiones contrarios a la Constitución.
No siempre las mayorías son expresión legítima de la democracia. Lo dijo Alexis de Tocqueville cuando acuñó la expresión: “tiranía de las mayorías”. Contar con el grupo parlamentario más numeroso, o con la capacidad para conjugar coaliciones que permitan alcanzar los votos que requiere determinado cambio legal o constitucional, no necesariamente fortalece la democracia; al contrario, en algunas ocasiones, como las suscitadas en México, ese tipo de pactos puede acabar erosionando al sistema político.