*Un blog del Departamento de Estudios Económicos

Originalmente publicado en El Economista.

Los procesos de formulación y aprobación de los presupuestos públicos se orientan a lograr el mayor bienestar para la sociedad debiendo cumplir con tres criterios fundamentales: i) acatar las normas que dicta la Constitución y la legislación secundaria; ii) promover la estabilidad nacional, a través de alcanzar la sostenibilidad macroeconómica de las finanzas públicas; y iii) contribuir al desarrollo inclusivo, para que la mayoría se beneficie y promueva el potencial de las personas. Los responsables por garantizar que esto suceda son el Órgano Ejecutivo, que formula el presupuesto, y el Órgano Legislativo, que lo discute y lo aprueba. Ambos han fallado en velar para que el Presupuesto 2021 cumpla dichos requisitos. A continuación, una breve explicación:

  • Falla jurídica. La Constitución establece que el presupuesto debe cumplir con los principios de universalidad, equilibrio presupuestario y unidad. Sobre la universalidad (art. 227), indica que debe incluir todos los ingresos y todas las erogaciones. Pero, los ingresos están sobrestimados (ingresos diversos por US$249 millones, ingresos tributarios US$688 millones); este dinero tendrá que ser financiado con deuda. Mientras que varios gastos están subestimados, por ejemplo, devolución del IVA a exportadores en US$74 millones, devolución impuesto a la renta en US$24 millones, omisión de pago de intereses a títulos nacionales por US$109 millones. Sobre el principio de equilibrio presupuestario (art. 226), establece que el Órgano Ejecutivo está obligado a conservar el equilibrio presupuestario, el cual se incumple debido a que sobrestimó ingresos y subestimó gastos.  
  • Falla para la estabilidad macroeconómica. Con el alto endeudamiento alcanzado de 89.7% en 2020, y el alto déficit del Presupuesto 2021, las finanzas enfrentan un riesgo mayor de impago, y esto genera inestabilidad económica y social. La deuda podría alcanzar el 98.1% en 2021, volviendo su trayectoria insostenible, si no hay una fuerte corrección fiscal.
  • Falla para el desarrollo inclusivo. La actual administración no cuenta con un Plan de Desarrollo Quinquenal, que sea conocido por la sociedad, que establezca apuestas claras para reducir la pobreza, y explique bajo cuáles medidas lo hará, y cuánto costará. Incluso después de lo grave de la pandemia, todavía no se conoce públicamente un Plan de Salud para el COVID-19. Tampoco se conoce un plan económico que plantee cómo se recuperarán los 45,000 empleos formales perdidos por la cuarentena, ni cómo apoyará para crear oportunidades para los 55,000 salvadoreños que ingresan a la fuerza laboral cada año. Los incrementos del gasto se han hecho con fines electoreros y de clientelismo político, no para que el país tenga un desarrollo sostenible e inclusivo.

El Órgano Ejecutivo, al formular el Presupuesto 2021 lo presentó con las tres fallas; y el Órgano Legislativo en su proceso de deliberación incumplió al mantenerlas y no subsanarlas. El Presupuesto 2017 fue declarado inconstitucional precisamente porque incumplió estos principios, que en el 2021 se vuelven a violentar. Será necesario ajustar el presupuesto mediante una “real y fuerte” corrección fiscal.