*Un blog de Luis Mario Rodríguez
Director Departamento de Estudios Políticos
Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona
Vivir en democracia nos hace olvidar lo difícil que fue su restablecimiento y ejercicio para las generaciones que no gozaron de ese privilegio. El último año y medio nos ha mostrado un poco de lo que padecieron los pueblos sometidos a dictaduras el siglo pasado. Nuestros padres y abuelos sufrieron los abusos de los militares, los fraudes electorales y la persecución, el destierro y hasta la muerte por pensar diferente y expresar las propias ideas.
Los primeros dieciocho meses de la actual administración han sido un reflejo, todavía tenue, de lo que ahora mismo sufren los venezolanos y los nicaragüenses. Es un destello leve, sí, pero con la suficiente nitidez para revelarnos que las libertades fundamentales, los derechos políticos y el Estado de derecho pueden extraviarse por acción u omisión.
Es posible que la deplorable situación política que atraviesa El Salvador haya sido el disparador del civismo manifestado por varios de los candidatos y candidatas que buscan por primera ocasión una diputación o un puesto en un concejo municipal. Algunos tienen como inspiración a sus progenitores. Otros han entendido que delegar la representación en personas sin valores ni preparación académica propició el ingreso a los cargos de poder de decenas de funcionarios corruptos que desprestigiaron por completo a los partidos políticos, a la administración pública y a la política en general.
El anhelo de buena parte de la población de sustituir a los malos políticos por gente honesta puede verse frustrado por la forma en la que voten. Ya se ha dicho, pero debe repetirse hasta la saciedad, que cruzar el voto y marcar a candidatos de diferentes partidos, fracciona el sufragio y reduce las posibilidades que un partido político obtenga los votos enteros necesarios para ganar más diputados.
Cuando la sentencia de la Sala de lo Constitucional resolvió el establecimiento de las listas abiertas varios investigadores señalamos que, si bien amplía la capacidad de opción de los electores para elegir candidatos de distintos partidos, al permanecer la alternativa de votar por la bandera y al evitar que los aspirantes de diferentes partidos compitieran entre sí por un escaño -ahora mismo los candidatos disputan el cargo con sus mismos compañeros de partido- y al no reducir el tamaño de las circunscripciones, se pierde el efecto que existe, por ejemplo, en Honduras donde también se aplican las listas abiertas pero sin distinguir entre votos por partidos y marcas por candidatos.
Marcar candidatos que pertenecen a distintos institutos políticos, particularmente en esta elección en la que corren hombres y mujeres de gran valía, permitiría al elector cumplir con su deseo de llevar a la Asamblea Legislativa a hombres y mujeres sólidamente formados y con un comportamiento ético irreprochable. Sin embargo, cruzar el voto restringe la posibilidad de los partidos, en los que militan esos aspirantes, de ganar más diputados frente a otras opciones partidarias que hayan logrado persuadir a los votantes a que marquen o solo su bandera o solo a algunos de los candidatos de su lista; sin cruzar el voto.
El riesgo que el Ejecutivo concentre más poder político se diluye en la medida que los ciudadanos entendemos que el equilibrio entre los Órganos del Estado es necesario para evitar conductas autoritarias. No se trata de preferencias ideológicas o de afinidades partidarias. De lo que estamos hablando es de la peligrosa probabilidad que se incrementen los ataques a la libertad de prensa, la opacidad en el uso de los fondos públicos, el irrespeto a la Constitución, a las sentencias de la Sala de lo Constitucional y a la ley, la desfiguración de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil y la embestida en contra de las instituciones de control político.
Estas últimas serán el refugio del sistema democrático si el oficialismo alcanza los votos suficientes para aprobar leyes que incumplan la Constitución. Si la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Acceso a la Información Pública, de la misma forma en la que lo fueron en Venezuela y Nicaragua, son secuestradas por quien nos gobierna, transitaremos hacia un futuro sombrío en el que, como ha sucedido donde se perdieron las libertades, tendremos que contender con la razón auxiliándonos de los mecanismos internacionales de defensa de la democracia y de los derechos humanos.