El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Sociales, hace énfasis en la importancia del desarrollo de capacidades humanas desde la primera infancia. Contar con estas habilidades es fundamental para que las personas puedan ser arquitectas de su propio destino.
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El desarrollo de capacidades humanas, desde la primera infancia, es esencial para que, de manera más equitativa, las personas puedan aprovechar las oportunidades disponibles en sus territorios, autogestionar mejoras en su calidad de vida y recuperarse de manera sostenible de la emergencia del COVID-19.
El Informe de Coyuntura Social del Departamento de Estudios Sociales hace énfasis en la importancia del desarrollo de capacidades humanas desde la primera infancia. Contar con estas habilidades es fundamental para que las personas puedan ser arquitectas de su propio destino.
La pandemia de COVID-19 cambió la forma de vivir, estudiar y trabajar de los salvadoreños, particularmente de aquellos que desde antes estaban en condición de vulnerabilidad. Aparte del impacto en la salud, se ampliaron brechas sociales, la pobreza aumentó y se volvieron más evidentes las dificultades que persisten en el país para el desarrollo de capacidades humanas. Esta realidad, combinada con las dificultades de acceso a oportunidades económicas y sociales en los territorios, refuerza los incentivos a la migración irregular.
A partir del análisis realizado, en este informe se argumenta que es necesario que el país avance hacia una política social integral. Esto se vuelve aún más apremiante en el marco del proceso de recuperación posterior a la emergencia del COVID-19. Para ello, hay que lograr un balance adecuado entre medidas de atención universales y protección a la población vulnerable. Así, las personas, especialmente aquellas en situación socioeconómica más desventajada, desarrollarían resiliencia y habilidades para autogestionar su progreso en sus lugares de origen.
Es fundamental asegurar el acceso equitativo de las personas a bienes y servicios y fortalecer sus capacidades de resiliencia ante crisis para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible.
La pandemia por COVID-19 ha tenido efectos diferenciados en la población, siendo los más afectados quienes, previo al impacto, ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Los datos de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2019 y 2020 evidencian que la población rural enfrenta mayores retos que la urbana en el acceso a bienes y servicios básicos. Las desigualdades entre ambas áreas persisten y, mayoritariamente, se agravaron tras un año de pandemia. Las disparidades más amplias son el acceso a internet, a agua por cañerías y a seguro de salud. En el caso de la desigualdad más grande, de cada 100 hogares urbanos, 39 poseen internet; mientras que de cada 100 en el área rural, lo poseen 7. Además, tanto la inseguridad alimentaria como la pobreza por ingresos empeoraron en ambas áreas. 21 de cada 100 hogares rurales y 15 de cada 100 hogares urbanos estaban en situación de inseguridad alimentaria.
Por tanto, se ha hecho evidente la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta y resiliencia de los salvadoreños; en especial de grupos vulnerables como las personas del área rural, la niñez y adolescencia, los adultos mayores y las mujeres. La respuesta del gobierno para impulsar la recuperación y reducir las precariedades de los hogares ha sido alta, pero ha carecido de cobertura especificada, con poca o nula focalización, y se encaminó al remedio de las problemáticas más inmediatas. Como consecuencia, las medidas implementadas representaron un alivio de las necesidades emergentes de los salvadoreños, pero no se traducen en un cambio permanente en su calidad de vida.
Ante esta coyuntura, para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible, el Estado debe procurar que existan programas que solventen las disparidades estructurales que persisten. Esto implica contemplar sinergias con actores de la comunidad internacional, privados y sociedad civil; así como la generación de información objetiva y pronta sobre los grupos vulnerables que permita el diseño de políticas públicas enfocadas a esta población. Finalmente, son retos pendientes asegurar el acceso a bienes y servicios básicos en el área rural, invertir en programas de renta básica que protejan a las familias ante futuras emergencias, y combinar el crecimiento económico con la inclusión social y el fortalecimiento de las capacidades de los más vulnerables.
Superar las brechas en el desarrollo infantil temprano de manera sostenible requiere estrategias diseñadas según las particularidades de la primera infancia y sin dejar fuera necesidades prioritarias.
Muchos niños y niñas de 0 a 7 años han estado fuera del sistema educativo formal, quedando su desarrollo en manos de sus familiares; 854,854 demandaban servicios educativos en 2020, a quienes la oferta busca cubrir a través de modalidades institucionales y comunitarias. Sin embargo, esta es menor en el nivel inicial, en comparación con parvularia y primer grado.
Hay más niños en edades tempranas sin atención educativa: por ejemplo, casi todos los de 3 años o menos, sin importar la condición socioeconómica. Además, al menos dos de cada cinco niños de la primera infancia tienen rezago educativo, es decir, no estudian el grado que les corresponde según su edad. Por otra parte, el entorno puede limitar su acceso a educación y recursos que les permitan desarrollarse integralmente. Muchos viven en pobreza, vivienda inadecuada, inestabilidad económica y sin herramientas digitales o competencias parentales que acompañen el proceso. Prueba de ello es la pandemia, contexto en el cual algunos niños lograron estudiar ante el cierre de escuelas y otros no, poniendo en riesgo el desarrollo infantil temprano, aumentando las brechas preexistentes y generando una pérdida desigual de aprendizaje.
Desde la política pública se propone atender estas necesidades mediante estrategias para ampliar el acceso, mejorar la calidad de la educación y continuar con el aprendizaje en el contexto de pandemia. Ciertamente, los esfuerzos son diversos y están encaminados a proveer una atención integral; sin embargo, no hay claridad de lo que ya se está implementando y hay acciones pendientes a impulsar para superar las desigualdades educativas de manera sostenible. Por ejemplo: cubrir necesidades prioritarias, como la sensibilización de la importancia del desarrollo infantil temprano, desarrollo de competencias parentales y evaluación de aprendizaje en los niveles iniciales; diferenciar medidas para ampliar cobertura y reducir rezago según las particularidades de los niños; identificar acciones que requieren adecuarse al contexto de pandemia; aumentar la corresponsabilidad; generar información actualizada y periódica. En ese sentido, lo fundamental es contar con un plan de acción que defina actividades, presupuesto y tiempo con base en evidencia y rendir cuentas del mismo.
Cuando hay oportunidades disponibles, promover la continuidad educativa incrementa las probabilidades de éxito en el mercado laboral y de desarrollo en el lugar de origen. La evidencia respalda una relación directa entre el nivel de escolaridad y la probabilidad de conseguir empleos formales y mayores ingresos laborales. Ya que la mayoría de salvadoreños se van del país por razones económicas, la educación puede contribuir a prevenir migración irregular. No obstante, la deserción educativa continúa siendo un obstáculo para gozar de estos beneficios potenciales al desarrollo. En 2019, siete de cada 100 estudiantes de bachillerato abandonaron sus procesos formativos y 15 de cada 100 que cursaban noveno grado no continuaron estudiando en 2020.
La combinación de factores educativos con elementos relacionados con la pobreza, vulnerabilidad y violencia son los que causan la deserción. Muchos de estos aspectos fueron agudizados en el marco de la pandemia de COVID-19, aunque todavía no se conoce la magnitud y alcance real de sus efectos en el sistema de educación. Algunas políticas públicas han intentado disminuir el abandono de los estudios, pero no se han logrado mejoras consistentes en el tiempo. Esto, debido a retos relacionados con la falta de comprensión de los motivos de esta problemática, dificultades para el uso de recursos tecnológicos en estrategias para la continuidad del aprendizaje limitaciones en la disponibilidad de recursos financieros y poco valor asignado a la educación por algunas personas.
Para que el Estado pueda abordar de manera más pertinente el problema de la deserción, es necesario: generar información para el diseño de políticas efectivas; aprovechar herramientas como la evaluación de los aprendizajes para adaptar procesos educativos a las características y necesidades de los estudiantes; ampliar el acceso a tecnología, electricidad e internet, y acompañar esto con esfuerzos para la alfabetización digital del magisterio; evaluar métodos para hacer uso eficiente de los recursos financieros del Ministerio de Educación y; finalmente, concientizar a la población sobre cómo educarse, contribuye a su desarrollo en sus propios lugares de origen.
En suma, el Informe de Coyuntura Social 2020-2021 destaca la importancia del desarrollo de capacidades humanas, y, además, propone que para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños es imperativo resolver simultáneamente desafíos estructurales y emergentes. No solo se debe contrarrestar la prevalencia de limitadas oportunidades económicas y sociales en los territorios; sino también atender las necesidades emergentes de los niños y adolescentes, los adultos mayores, las mujeres y los pobres, entre otros grupos vulnerables. Esto último cobra mayor relevancia durante una crisis como la ocasionada por la pandemia de COVID-19, la cual ha provocado incrementos en la pobreza y las brechas sociales, afectando mayormente a dichos grupos.
Para perfilar una estrategia de desarrollo y recuperación económica y social en el contexto actual, es vital contar con una política social integral y sostenible, centrada en preparar a las personas desde su niñez para ser resilientes y autogestoras de su propio desarrollo. Mediante la planificación de programas y la ejecución de acciones de corto, mediano y largo plazo, la política social debe buscar reducir la pobreza, ampliar las oportunidades de empleo e ingresos y garantizar el acceso equitativo de la población a educación, salud, agua potable y otros servicios fundamentales. Para avanzar en esta dirección, es importante, entre otras condiciones, asegurar el financiamiento y la voluntad política para invertir permanentemente en la preparación de las personas y la prevención de riesgos futuros, articulando los esfuerzos y recursos del gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil, bajo una misma visión de país.