La relación dinero y política, así como los riesgos derivados de algunas fuentes de financiamiento, afectan la calidad de la democracia, la calidad de la representación y la competitividad de los procesos electorales. En este sentido la fiscalización del financiamiento político es una tarea clave para garantizar la celebración de procesos electorales transparentes y equitativos, así como para facilitar la modernización y fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, la legislación actual mantiene vacíos importantes que socavan la capacidad de la autoridad electoral para aplicar mecanismos de control independientes y efectivos.

  • Luis Mario Rodríguez