En los últimos años, El Salvador ha impulsado un proceso acelerado de evolución legal e institucional con la visión de consolidarse como un “hub tecnológico en la región” (Invest, 2024). Esta orientación fue recogida en la Declaración Conjunta sobre Prioridades Compartidas de Política Digital suscrita con el Gobierno de los Estados Unidos, la cual subraya el compromiso bilateral de desarrollar un entorno regulatorio digital sólido para mejorar el clima de negocios (Embajada de Estados Unidos en El Salvador, 2023).
Entre las iniciativas anunciadas en este proceso se encuentra el acuerdo firmado con Google, orientado a establecer una entidad de Google Cloud en el país para digitalizar y optimizar los procesos del Estado (Invest, 2024). Asimismo, se ha desarrollado una arquitectura jurídica especializada, emitiéndose normativas como la Ley de Emisión de Activos Digitales que regula las operaciones de transferencia de activos virtuales, abriendo nuevas vías de financiamiento. Paralelamente, la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías busca acelerar el ecosistema de innovación local mediante importantes incentivos fiscales.
En este contexto, también se incorpora el marco institucional de la reciente Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026 publicada por la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), enfocada en ejercer la rectoría nacional para la promoción y aplicación de la IA en el país. Y así, la cantidad de normas jurídicas en materia de derecho de nuevas tecnologías ha ido en constante crecimiento.
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