El desarrollo de las tecnologías de la información ha resultado en la creación de espacios para los negocios y también para el crimen, pero nuestro ordenamiento jurídico se ha quedado atrás al no regularlos. La proliferación de los delitos informáticos o ciberdelitos es innegable y ha llegado hasta nuestras fronteras. El Salvador, al no contar con una tipificación de los delitos informáticos, se encuentra en una situación de inseguridad jurídica. El Código Penal vigente (1998) incluye algunos delitos que contemplan las tecnologías de información y comunicación (TIC) como medio para realizar la conducta típica, pero no regula los delitos informáticos propiamente.