La probidad pública es la honradez, integridad y rectitud en el actuar de los servidores públicos en cuanto al manejo de los recursos del Estado. Durante muchos años, FUSADES ha criticado los defectos de la actual Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP), pues se trata de un texto jurídico obsoleto e ineficaz para servir a su propósito. Según consta en un informe proporcionado en marzo de 2015 por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la CSJ, de los 1,296 servidores públicos que tomaron posesión de su cargo a partir del 1 de junio de 2014, aún hay 325 que no han presentado su declaración patrimonial correspondiente, a pesar de que el plazo que establece la Constitución venció en agosto de 2014.

  • José Miguel Arévalo Rengifo
  • Estudios legales
  • Estudios legales