Las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, realizadas por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021, son contrarias a la Constitución y son parte de la sistemática escalada autoritaria que está viviendo El Salvador. Representan  una acumulación ilegítima de poder que limita la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a una justicia imparcial para defender sus derechos.

  • Javier Castro De León
  • Estudios legales
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