El 9 de abril de 2018, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició un proceso administrativo sancionador, de oficio, en contra de los aspirantes al cargo de presidente y vicepresidente de la República. Su propósito es determinar si las actividades públicas de algunos ciudadanos, consistentes en la promoción de su imagen, nombre y el cargo al que aspiran a través de los diferentes medios de comunicación, así como las declaraciones de apoyo de otros ciudadanos, funcionarios y personas jurídicas, constituyen  propaganda electoral anticipada.

  • Luis Mario Rodríguez
  • Estudios políticos
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