Durante el último año, se ha profundizado el uso político de las instituciones del ramo de Seguridad y el ejército, aprovechando además el margen de discrecionalidad que ofreció la situación de emergencia  sanitaria provocada por la COVID-19. A su vez, la incidencia y los patrones de criminalidad se vieron modificados por una larga cuarentena y el estricto confinamiento domiciliar forzoso al que fue sometido el país.  odo ello impactó en los indicadores de seguridad y en el funcionamiento de las instituciones, incluso en sus capacidades para registrar y atender los hechos delictivos, principalmente durante el año 2020.