El Salvador todavía tiene muchos vacíos normativos en materia de derechos digitales. Si bien es cierto de que tales derechos existen y están reconocidos implícitamente por la Constitución, es necesario que las leyes secundarias regulen adecuadamente cuál es el alcance de los mismos y que establezcan cuáles son los mecanismos o procedimientos a seguir para que esa protección sea realidad