En diciembre de 2004, la Asamblea Legislativa suscribió un contrato con el Consorcio Castellanos Campos Corpeño & Asociados para llevar a cabo la primera auditoria externa de la Corte de Cuentas de la República. Esto luego generó un conflicto legal que tuvo que ventilarse en arbitraje, sin que hasta la fecha la Corte de Cuentas haya rendido cuestas de su gestión.