El CPP aprobado por la Asamblea Legislativa, retoma muchos de los elemntos ya vigentes por el Código Penal de 1998, en lo referente a los actos de investigación bajo control judicial, por lo que no se identifican mayores cambios en el modelo de investigación vigente. Se mantienen las garantías procesales a los imputados, pero la investigación se mantiene burocratizada y poco efectiva. Debe emitirse una política criminal integral con enfoque de economía del crimen, para que exista expectativa del castigo al que viole la ley.