La vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública trae consigo múltiples obligaciones para las instituciones públicas. El 5 de septiembre de 2011, se le vence el plazo al Presidente de la República para cumplir con su obligación de emitir dos reglamentos para implementar la ley. Uno de los reglamentos normara aspectos sobre la aplicación de la ley y el otro el procedimiento para elegir a los funcionarios que velarán por el cumplimiento de la Ley.